El efecto fiscal de traspasar la titularidad del predio donde ubica el Parque Colón a favor del Municipio de Aguadilla no se puede precisar. Si bien la otorgación de escrituras no debe conllevar impacto fiscal perceptible, nada se dispone en torno a las condiciones que han de rodear la transferencia del Gobierno Central al Municipio de Aguadilla.

Enmendar la Ley de Transacciones Comerciales para clarificar los requisitos del tenedor de buena fe, no tiene impacto fiscal.

De aprobarse el P. de la C. 555, la OPAL estima un costo fiscal mínimo de $166.8 millones para el año fiscal 2026, por concepto de la instalación de equipos de aire acondicionados y al aumento en el consumo eléctrico. Se reconoce que el costo real de aprobarse la medida podría ser mayor, pues no se incluyen posibles incrementos asociados a nuevas regulaciones, requisitos de energía renovable, certificaciones de construcción verde ni materiales educativos, cuyo impacto fiscal no puede precisarse al momento.

De aprobarse el P. de la C. 962, se requeriría la instalación de sistemas de detección sísmica y de tiradores activos en agencias gubernamentales. El impacto fiscal de la medida no puede precisarse en esta etapa; sin embargo, estimados preliminares sugieren un costo fiscal inicial de entre $170,850 y $341,700 para al menos un (1) detector sísmico por escuelas del DEPR y demás propiedades bajo la Autoridad de Edificios Públicos. En el caso de los sistemas de alerta de tirador activo, usando por referencia costos promedios en otra jurisdicción escolar, el costo fiscal para el DEPR podría representar $36.8 millones, mientras que, para la AEP, podría representar $26.6 millones.