La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) estimó el efecto fiscal del Proyecto de la Cámara (P. de la C. 1083), que propone prohibir la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas a personas menores de veintiún (21) años.

De aprobarse el P. de la C. 1083, se estima una reducción en ingresos del Fondo General de aproximadamente $12.2 millones para el año fiscal 2029, compuesta principalmente por menores recaudos de arbitrios sobre bebidas alcohólicas e IVU. No obstante, el impacto fiscal estatal podría verse compensado por la disponibilidad de fondos federales adicionales asociados a la eliminación de la penalidad federal por no establecer la edad mínima de 21 años para el consumo de bebidas alcohólicas.

Por otra parte, elevar la edad mínima para el consumo de bebidas alcohólicas, podría ubicar a Puerto Rico en cumplimiento con la National Minimum Drinking Age Act, 23 U.S.C. sec. 158, lo que, a su vez, podría representar una oportunidad de nuevos fondos federales por aproximadamente $13.8 millones, compensando la pérdida en ingresos.