La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó el efecto fiscal del Proyecto de la Cámara 1074 (P. de la C. 1074), el cual busca disponer que el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) pueda contratar a los municipios por concepto de servicios de seguridad escolar en los planteles del sistema de educación público. Para ello, se establece la flexibilización de ciertos requisitos contenidos en la “Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico”, Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según enmendada, (Ley Núm. 108-1965), sobre el pago de garantías para la obtención de licencias.

La pieza legislativa se percibe como una armonización del marco legal vigente para que el DEPR pueda contratar servicios de seguridad Municipal, sin que ello se entienda como la operación de una agencia privada dedicada a estos fines. En tanto, se concluye que el Proyecto no tendría impacto sobre el fisco.