La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó el efecto fiscal del Proyecto de la Cámara 1080 (P. de la C. 1080) y su equivalente, el Proyecto del Senado 988 (P. del S. 988), que proponen enmendar los Capítulos I y II de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, con el fin de agilizar y modernizar el proceso de reglamentación de las entidades gubernamentales. La medida propone crear el Boletín de Reglamentos de Puerto Rico, un portal centralizado y canal oficial del Gobierno de Puerto Rico para publicar los avisos de reglamentación de las agencias, incluyendo propuestas de adopción, enmienda o derogación de reglamentos, así como anuncios sobre vistas públicas.

Además, se propone crear el Código de Reglamentos de Puerto Rico, una compilación oficial de todos los reglamentos vigentes del Gobierno, a publicarse en el portal electrónico del Departamento de Estado.

Evaluada la medida, la OPAL concluye que las enmiendas introducidas modifican el marco jurídico que rige los procesos de reglamentación en las agencias gubernamentales. Estas funciones forman parte del deber ministerial actual de las agencias de reglamentar.  En esa línea, los cambios propuestos no conllevan impacto fiscal en su implementación.

La creación del Boletín de Reglamentos no representa costo fiscal, pues se presume que el Departamento de Estado puede sufragar los costos de diseño e implementación del portal y, en caso de que no cuente con los recursos para ello, dicha labor recaería en PRITS, según la normativa establecida en el  Procedimiento para los Portales Web del Gobierno de Puerto Rico publicado por PRITS.

De otra parte, el Código de Reglamentos pudiera generar un impacto fiscal de $77,000 anuales aproximadamente, basado en servicios similares contratados para compilar las leyes de Puerto Rico (LPRA).