Para establecer el marco regulatorio sobre el uso, desarrollo, adquisición y propiedad de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) en el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades.

Propone enmendar la Ley Núm. 60-2014, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de exceptuar de sus disposiciones al Ayudante General de Puerto Rico.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles a emitir una Resolución para transferir el usufructo de los muebles aledaños a los embalses de la AEE a favor de los municipios de Puerto Rico que así lo deseen.

Propone prohibir a los Operadores de máquinas de apuestas, sus componentes o cualquier proveedor de servicio de estos, la recolección de información de las apuestas de los jugadores con el propósito de predecir la forma y manera en que estos apostarán.

Propone enmendar el inciso (a) (9) de la Sección 1020.02 de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico” a los fines de ampliar la definición de joven empresario para elevar la edad límite de estos de 35 a 40 años.

Propone enmendar el Artículo 8.6.a de la Ley 58-2020, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico” a los fines de que, como medida de austeridad, y en caso de que al menos treinta (30) días antes de la fecha de una primaria presidencial, un candidato presidencial de un partido político nacional ha obtenido los delegados suficientes para asegurar la nominación a la presidencia de los Estados Unidos de América, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) pueda ordenar la cancelación de la primaria presidencial de dicho partido nacional, y para otros fines.

Propone eximir al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico de la aplicabilidad de la Ley Núm. 3-2017, con el propósito de preservar y garantizar su autonomía administrativa y fiscal.

Establece la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre el desarrollo y utilización de capacidades de inteligencia artificial por parte de las agencias del Gobierno.

Propone enmendar la Ley Núm. 416-2004, conocida como la “Ley sobre Protección de Política Pública Ambiental” y la Ley Núm. 161-2009, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, con el fin de decretar la invalidez de ciertos documentos ambientales emitidos con más de cinco (5) años de anterioridad; y establecer un término de vigencia de cinco (5) años para los documentos ambientales identificados en esta Ley.

Con el propósito de establecer un crédito contributivo hasta un máximo de $500 por gastos médico-veterinarios en el cuidado de sus mascotas domésticas.