Permitir que los municipios deleguen la administración y operación de sus unidades administrativas a entidades privadas mediante el modelo de APP no conlleva impacto fiscal. El costo fiscal del establecimiento voluntario de una alianza público privada dependerá del negocio jurídico que establezca cada entidad municipal.

Enmendar la Ley de Condominios de Puerto Rico para aclarar la jurisdicción del DACo y del Tribunal de Primera Instancia para dirimir ciertas controversias y crear un procedimiento adjudicativo expedito en la agencia no tiene efecto fiscal.

El efecto fiscal de aumentar el tope admisible a $4,500 sería de $4.3 millones para los años fiscales subsiguientes.

De aprobarse el P. de la C. 984 tal y como fue radicado, el mismo pudiera no representar costos fiscales toda vez que históricamente se ha observado que al mes de abril los ingresos no superan los gastos aprobados por el presupuesto certificado. En ese sentido, el reintegro sería equivalente a cero.