La política pública encarnada mediante el Proyecto del Senado 1227 es análoga a una de las funciones de capacitación descargadas por el Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA), por lo que no debe conllevar impacto fiscal. En caso de no ser consistente con las funciones de FIDA, el Programa de Desarrollo de Capacitación Pesquera, Manejo Postcaptura, Comercialización Legal y Valor Añadido en Puerto Rico, tendría un costo fiscal mínimo de $389,000.

De aprobarse el P. del S. 978, se establecería un programa de incentivos contributivos para promover el desarrollo de empresas propiedad de veteranos en Puerto Rico, otorgando exenciones sobre contribución sobre ingresos, propiedad mueble y contribuciones municipales por un periodo de cinco años. Se estima que el Fondo General dejaría de recibir aproximadamente $19,312 por cada $500,000 de ingreso neto sujeto a contribución acogido al beneficio. No obstante, el efecto fiscal total de la medida no puede precisarse al presente, ya que dependerá del número de decretos otorgados y de las características contributivas de las empresas participantes.

El efecto fiscal potencial de la medida podría alcanzar aproximadamente $287.4 millones bajo el supuesto de que la totalidad de la población cualificada reclame el crédito máximo de $2,500. De este total, se estima que $89.5 millones corresponderían a dependientes de 65 años o más, utilizando como referencia la cantidad de contribuyentes que reclamaron la deducción por dependientes de dicha población según datos del Departamento de Hacienda. Por su parte, $197.9 millones estaría asociado a dependientes menores de 65 años con discapacidad.

Promulgar la “Ley para Simplificar el Sistema de Permisos de Puerto Rico” no tiene costo fiscal sustancial. Para propósitos de este análisis, la OPAL presume que cualquier cambio a la infraestructura tecnológica del Single Business Portal, o cualquier otra que maneje el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) o la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), puede realizarse con los recursos existentes de la entidad dado a que administrar las reglas sustantivas del sistema de permisos, así como la herramienta tecnológica correspondiente forma parte de la función ordinaria de la sombrilla del DDEC.

El P. del S. 1002 no sugiere costo fiscal toda vez que la medida aclara y delimita el alcance de uno de los programas que atiende la prestación de servicios recreativos y deportivos para la población especial, en especial para la población neurodivergente según dispone la legislación propuesta.

El efecto fiscal de formalizar un Comité Especial para Cuantificar el Uso de Tiempo en Puerto Rico dentro del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se estima en un costo mínimo de $205,000.

No tiene Impacto Fiscal (NIF)

No tiene Impacto Fiscal (NIF)

El P. de la C. 1135 no sugiere un aumento neto en recaudos y, por lo tanto, no conllevaría efecto fiscal agregado. Sin embargo, con apoyo en literatura científica, la OPAL considera que la autorización de un nuevo sorteo extraordinario provocaría un efecto sustitución con respecto a otros juegos de azar. Se estima que el nuevo sorteo podría redistribuir $1.8 millones para beneficio de la Cuenta Especial Sorteo Extraordinario Adicional Anual (Maestros y Policías Jubilados Retirados al Amparo de la Ley Núm. 3-2013).

El efecto fiscal de aclarar que el ingreso del cónyuge no participante en la operación pesquera no se considerará automáticamente ingreso atribuible al solicitante para fines de elegibilidad a la Certificación de Agricultor Bona Fide, no se puede precisar. Sin embargo, se estima que el costo fiscal unitario para el Fondo General de cada pescador que se beneficie de la medida es aproximadamente $2,100.

No tiene Impacto Fiscal (NIF)

Excluir el ingreso por concepto del Seguro Social Federal en el cómputo de distribución de los recursos del Fideicomiso para el Retiro de la Policía no conlleva impacto sobre el Fondo General. Sin embargo, el aumento en beneficios, estimado en un mínimo de $1.5 millones, podría conllevar una reducción proporcional en beneficios para los policías retirados cobijados por el Fideicomiso si los recursos no alcanzaren para sufragar el beneficio mejorado.

El P. del S. 1256 no sugiere un aumento neto en recaudos y, por lo tanto, no conllevaría efecto fiscal agregado. Sin embargo, con apoyo en literatura científica, la OPAL considera que la autorización de un nuevo sorteo extraordinario provocaría un efecto sustitución con respecto a otros juegos de azar. Se estima que el nuevo sorteo podría redistribuir $1.8 millones para beneficio del Fondo Legislativo para Impacto Comunitario. Es decir, esos $1.8 millones dejarían de recaudarse a través de otros juegos de azar legalizados actualmente.

No se Puede Precisar (NPP)

De aprobarse la R. C. de la C. 290, no se espera que la ejecución de la orden de incorporar a Puerto Rico al consorcio Mega Millions genere impacto fiscal. Sin embargo, la operación del nuevo juego de azar no necesariamente se generaría nuevos ingresos netos adicionales para el Gobierno de Puerto Rico, dado el posible efecto de sustitución entre los juegos de lotería existentes y el nuevo juego Mega Millions. Asimismo, la disposición de destinar el 75% de sus ingresos netos a un Fondo Especial de Apoyo Fiscal Municipal podría redistribuir los recursos actualmente asignados a otros programas financiados por la Lotería Adicional.

El costo fiscal de la creación de los Programas de Rehabilitación Educativa Comunitaria Correccional (PRECC) en las instituciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), no se puede establecer con precisión. Como parte del Informe, se incluye un Apéndice con costos que varían dependiendo del nivel de adopción de los programas de rehabilitación. Bajo supuestos de escenarios de adopción parcial y total, los efectos fiscales netos se estiman en el rango de $3.2 millones a $6.4 millones anuales.

Eximir de contribución sobre ingresos bonificaciones y asistencias de matrícula y mudanza recibidas por empleados federales trasladados oficialmente a Puerto Rico, así como ampliar los vehículos que se pueden introducir libre del pago de arbitrios cuando los empleados sean trasladados podría conllevar un efecto fiscal en ingresos dejados de percibir por el Fondo General de $7,526 por empleado que se traslade a Puerto Rico y reclame los beneficios. Por otra parte, se incluye un Apéndice con una evaluación adicional a petición de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes donde se presenta un estimado de ingresos de Impuesto sobre Ventas y Uso por empleado que decida trasladarse a Puerto Rico.

El efecto de ordenar la preparación recurrente de un “Informe de Gasto Tributario Municipal”, no se puede precisar. Si bien el Departamento de Hacienda cuenta con peritaje y metodologías, se anticipa que la envergadura del informe requerido por la resolución conjunta requiera expendio de fondos públicos dado a que se requiere acceso a información detallada en posesión de las municipalidades y otras entidades gubernamentales, así como su actualización y validación anual.

La OPAL concluye que el efecto fiscal del P. del S. 687 no se puede precisar debido a la falta de información sobre los patrones actuales de personal de enfermería en los hospitales, los cuales varían entre instituciones. La medida sugiere dos efectos fiscales: 1) podría generar costos para el Gobierno si la Administración de Servicios Médicos debe contratar personal adicional; 2) un efecto fiscal por concepto de las contribuciones sobre ingresos, reduciendo la responsabilidad contributiva de los hospitales y aumentando los recaudos por concepto de los nuevos enfermeros contratados. Sin embargo, dado que cerca del 50% de los hospitales presentó pérdidas netas en 2023, la capacidad real de recaudación contributiva podría ser limitada.

No tiene Impacto Fiscal (NIF)