De aprobarse el P. de la C. 570, se ampliarían beneficios contributivos y de salud a los policías retirados, lo que podría sugerir una reducción de los ingresos municipales y en un aumento del gasto público, particularmente en el ámbito de salud. No obstante, el impacto fiscal no se puede precisar al momento, ya que dependerá del número de beneficiarios y del nivel de utilización de los servicios.

La aprobación del P. del S. 187 redistribuiría fondos derivados de infracciones al Artículo 2.29 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, desde el Departamento de Transportación y Obras Públicas al Fondo de Servicios y Terapias a Estudiantes de Educación Especial bajo custodia del Departamento de Educación de Puerto Rico.  La medida bajo análisis no representa costo fiscal incremental, pero requiere una petición de reprogramación presupuestaria ante la Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera para su puesta en vigor.

La OPAL concluye que, al momento, no se puede precisar el efecto fiscal de aprobarse el P. de la C. 864. No obstante, la medida podría implicar un aumento en el gasto gubernamental asociado a la ampliación de beneficios del Plan de Salud del Gobierno, sujeto a evaluación actuarial y aprobación del CMS, la adecuación de instalaciones y la contratación de intérpretes, así como una posible reducción en los recaudos del Fondo General debido al aumento en los costos operacionales de las instituciones hospitalarias. Es importante mencionar que más de la mitad de las instituciones hospitalarias reportan ingresos netos negativos.

Trasladar de la Junta de Planificación al DDEC la responsabilidad de formular, revisar, implementar y administrar el Plan de Desarrollo Integral de Puerto Rico, así como la Oficina del Comprehensive Economic Development Strategy, no tiene impacto fiscal, pues se presume la transferencia de los recursos de una entidad a otra para la implementación de la medida.