Promulgar una nueva “Ley para Reglamentar el Trabajo Social en Puerto Rico”; y derogar la Ley Núm. 171 de 11 de mayo de 1940, según enmendada, conocida como la “Ley del Colegio y de la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico”, así como la Ley Núm. 75-2008, con el fin de eliminar la obligatoriedad de la colegiación de esa profesión, no tiene efecto fiscal.

Crear la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor, adscrita al Departamento de Asuntos del Consumidor, no tiene costo fiscal, dado que esta unidad fue establecida mediante la Orden Administrativa 2026-02, utilizando los recursos existentes de la agencia. El efecto de la medida es elevar la UDEF a rango estatutario.

De aprobarse el P. del S. 1096, se estima un efecto fiscal potencial de $1.4 millones si se considera la conversión de la totalidad de plazas de jueces municipales a jueces superiores. No obstante, dada la progresividad de los cambios, pues son sujetos al vencimiento de los nombramientos, el costo fiscal neto anual fluctúa entre $500,000 y $583,734 durante el periodo comprendido entre los años fiscales 2026 al 2031.