La “Ley de Subastas Públicas con Inteligencia Artificial y Transparencia Gubernamental de Puerto Rico”, no conllevaría generalmente impacto fiscal. Esto se debe a que la medida reitera obligaciones actuales de la ASG. Sin embargo, se aclara que lo dispuesto en el Art. 6 de la medida, sobre la integración de módulos de inteligencia artificialmente, no es cuantificable en este momento.

De aprobarse alguna de las medidas bajo análisis, estas pueden representar un ahorro estimado de $476,117 por concepto del pago por horas extra a los agentes de la Policía de Puerto Rico que fungen como escolta de un exgobernador o exgobernadora.

De aprobarse el P. de la C. 703, se estima que el costo fiscal pudiera oscilar entre $7,926 a $10,549 por empleado por escala. Esto representaría un impacto fiscal total de $189,281 a $203,937, bajo el supuesto de que haya, al menos, un empleado por escala salarial. El costo fiscal neto de la medida se estimó en $93.7 millones para el Fondo General.

El efecto fiscal de establecer que la imposición, notificación y cobro de las contribuciones tasadas por el CRIM deberá ajustarse al período efectivo de abandono de la propiedad se estima en recaudos potenciales de $2,640.5 millones si se considera el 100% de las viviendas vacantes previo al 2019 toda vez que el ordenamiento vigente dispone para tasación retroactiva de los últimos 5 años.