Propone establecer la Ley para la certificación de planes de ordenación territorial, planes de uso de terrenos y documentos, cuya preparación requiera por ley la gestión de un planificador profesional licenciado.

Propone aumentar el rango de la multa aplicable al delito del abandono animal de mil dólares ($1,000) a cinco mil dólares ($5,000), de cinco mil dólares ($5,000) a diez mil dólares ($10,000); crear un reglamento para el control y manejo de equinos realengos, un Registro de Ofensores, y establecer talleres de educación continua para los policías.

Propone crear la Ley para Incentivar el Uso de Terrenos Agrícolas con el propósito de establecer incentivos fiscales para el uso de terrenos agrícolas.

Para ordenar la creación e implementación de un Sistema Digital de Control de Población que centralice la información sobre la población correccional.

Propone establecer el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Puertorriqueña (LSP) como la lengua natural de la comunidad sorda en Puerto Rico.

Propone establecer un Task Force para el manejo de animales realengos en Puerto Rico.

Propone eximir del pago del IVU a los equipos o máquinas, con capacidad de hasta 20,000 kilovatios, utilizados para la generación de energía eléctrica por cualquier medio como energía solar, eólica o combustión interna, incluyendo sus accesorios y piezas necesarias para su funcionamiento.

Propone conceder una deducción especial a individuos por la adquisición de sistemas de energía renovable, eficientes y amigables al ambiente para su residencia. Beneficio sería en forma de crédito contributivo.

Propone crear la “Ley para la Fiscalización y Rendición de Cuentas en Tiempo de Emergencia”; establecer los términos de un estado de emergencia; y para otros fines relacionados.

Propone crear la “Ley de Protección y Conservación de Humedales de Puerto Rico”; definir la política pública para la protección de estos sistemas ecológicos; asignar al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) la elaboración de un Plan para la Protección y Conservación de Humedales; y establecer la responsabilidad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Junta de Planificación de Puerto Rico para instrumentar reglamentos y procedimientos que protejan los humedales; y para decretar otras disposiciones complementarias.