La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó la Resolución Conjunta del Senado 169 (R. C. del S. 169), que ordena al Superintendente de la Policía de Puerto Rico y al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) desarrollar, adoptar e implementar un protocolo conjunto para la intervención e investigación de delitos en las instituciones correccionales, conforme a lo dispuesto en el Plan de Reorganización de 2011.

La medida dispone que dicho protocolo deberá contemplar, entre otros elementos, mecanismos de coordinación interagencial, la delimitación de jurisdicciones y responsabilidades, la reglamentación de los procedimientos de intervención e investigación, así como el establecimiento de canales de comunicación efectivos, con el propósito de garantizar una respuesta adecuada.

Luego de su análisis, la OPAL concluye que la R. C. del S. 169 no genera impacto fiscal, toda vez que no establece nuevos programas ni autoriza asignaciones presupuestarias adicionales, limitándose a requerir el cumplimiento de disposiciones vigentes mediante la elaboración de un protocolo interagencial.