La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó el Proyecto de la Cámara 829 (P. de la C. 829), el cual tiene como propósito reforzar las restricciones de contratación pública para fomentar la integridad gubernamental. La medida dispone que las personas jurídicas no podrán contratar ni participar en licitaciones con el Gobierno cuando sus accionistas, oficiales o miembros de Junta sean inelegibles para empleo o contratación pública, extendiendo dicha prohibición a estructuras creadas para evadirla. Asimismo, exige la inclusión de cláusulas de resolución contractual en estos casos, armoniza estas disposiciones al Código Anticorrupción y establece la obligación del Estado de reclamar judicialmente hasta el triple de los daños ocasionados al erario por conductas ilícitas.

La OPAL concluye que la aprobación del P. de la C. 829 no conlleva impacto fiscal, en tanto se circunscribe a regular procesos de contratación y conducta, sin implicar la creación de gastos ni asignaciones adicionales al erario.