Permitir que los empleados públicos utilicen hasta 15 días al año de la licencia de enfermedad para atender el tratamiento prolongado de hijos, personas de edad avanzada o con impedimentos dentro de su núcleo familiar o que vivan bajo el mismo techo, no tiene efecto presupuestario sobre el Fondo General, toda vez que la medida no modifica la acumulación actual de licencia de enfermedad de los empleados de la Rama Ejecutiva. No obstante, la medida conlleva un costo implícito estimado ascendente a $108 millones de dólares, aproximadamente.

No tiene Impacto Fiscal (NIF)

El costo fiscal mínimo por el pago del salario del Director del Programa y de las dietas de cinco (5) miembros de la Junta Asesora equivale a $127,549 durante el primer año y a $126,424 anuales a partir del segundo año, que recaería sobre PRIDCO. Por su parte, se estima que el Fondo General percibiría un alza en sus recaudos por concepto de contribución sobre ingresos e IVU, ascendentes a $14,557 durante el año inicial y $14,519 subsiguientemente.

De aprobarse el P. de la C. 1300, la OPAL estima que los créditos contributivos por la compra de productos agrícolas y manufacturados de producción local generarían un crédito potencial de aproximadamente $36.8 millones anuales. No obstante, al considerar el límite de utilización equivalente al 15% de la responsabilidad contributiva del sector, el efecto fiscal estimado se reduce a aproximadamente $24.4 millones anuales en ingresos dejados de percibir por concepto de contribución sobre ingresos.

Excluir el ingreso por concepto de pagos y distribuciones provenientes de las Cuentas de Aportaciones Definidas bajo la Ley Núm. 106-2017 en el cómputo de distribución de los recursos del Fideicomiso para el Retiro de la Policía no conlleva impacto sobre el Fondo General. Sin embargo, el aumento en beneficios, estimado en un mínimo de $14.2 millones, podría conllevar una reducción igualitaria en beneficios para los policías retirados cobijados por el Fideicomiso si los recursos no alcanzaren para sufragar el beneficio mejorado.

$56.8 - $218.6 millones

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No tiene Impacto Fiscal (NIF)

Establecer el Fondo de Reserva para la Estabilización Presupuestaria tiene un impacto fiscal dado por la medida de $729,000,000 millones para el AF 2027. En años fiscales subsiguientes, se nutriría del 1.4% del total de los fondos presupuestados del Fondo General, lo que equivale a transferencias anuales ascendentes a $183.5 millones, aproximadamente, hasta alcanzar el 13.5% de los fondos presupuestados del Fondo General, estimado en $1,769.9 millones de dólares aproximadamente.

No tiene Impacto Fiscal (NIF)

El efecto fiscal de incluir los alimentos de mascotas como parte de los artículos exentos del pago del Impuesto Sobre Ventas y Usos (“IVU”) durante el fin de semana de ventas de preparación para la temporada de huracanes se estimó en aproximadamente $510,000 en el año fiscal 2027. Por otra parte, se incluye un Apéndice con una evaluación adicional a petición de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado donde se presenta un estimado de efecto fiscal  con un escenario alterno.

El costo fiscal asociado a la implantación de la Ley para la Educación, Prevención y Atención Integral del PTSD en la Población Veterana de Puerto Rico conlleva un gasto presupuestario mínimo de $1 millón para el año fiscal 2027. Según discutido, la OPAL estima que la implementación inicial pudiese conllevar un gasto en el rango de $1.6-1.9 millones. Para años fiscales subsiguientes, el costo recurrente dependerá de las asignaciones presupuestarias otorgadas al RCM, así como de las decisiones gerenciales y del alcance que finalmente tenga el Programa en su día.

El efecto fiscal del crédito contributivo al patrono equivalente al 50% del bono de maternidad pagado, aplicable contra su contribución sobre ingresos, se estimó en aproximadamente $11.8 millones anuales a partir de 2027.

Permitir que la AAA mantenga brigadas propias de celadores de línea y personal con experiencia operacional en el sistema de energía eléctrica tendría un efecto fiscal neutral siempre que se contraten celadores que estén actualmente empleados por otra agencia o entidad gubernamental, en virtud del proceso de movilidad establecido en la Ley 8-2017.  El impacto presupuestario sobre la AAA puede ascender a $2.2 millones, basado en un estimado del salario promedio de un celador movilizado de la AEE. En el escenario vislumbrado por la OPAL, el impacto presupuestario se podría neutralizar mediante reprogramación o mediante el proceso ordinario de confección del presupuesto.

Fijar en $1,000 la pensión mínima mensual de maestros y empleados públicos retirados conlleva un aumento en el gasto público por concepto de PayGo de $232.6 millones por año fiscal.

$17,500