De aprobarse el P. del S. 1096, se estima un efecto fiscal potencial de $1.4 millones si se considera la conversión de la totalidad de plazas de jueces municipales a jueces superiores. No obstante, dada la progresividad de los cambios, pues son sujetos al vencimiento de los nombramientos, el costo fiscal neto anual fluctúa entre $500,000 y $583,734 durante el periodo comprendido entre los años fiscales 2026 al 2031.

El efecto fiscal de requerir, prospectivamente, que los baños asistidos, en edificaciones públicas y privadas, posean cambiadores universales no conlleva impacto fiscal significativo sobre el Fondo General. Ahora bien, construcciones o remodelaciones prospectivas sujetas a la medida, podrían ver aumentar sus costos en un rango mínimo de $3,025-$8,223 por la adquisición de un solo cambiador.

El costo fiscal de promulgar la “Ley de Distribución del Exceso de Recaudos del Gobierno de Puerto Rico” no se puede precisar, pues depende de la existencia y certificación del exceso en los recaudos. No obstante, destacamos que en virtud de las disposiciones de la ley PROMESA, la Junta de Supervisión y Administración Financiera maneja el gasto público a través de los planes fiscales y los presupuestos certificados. En consecuencia, cualquier reprogramación o reasignación de fondos deberá cumplir con la Sección 11 del Presupuesto Certificado y ser previamente aprobada por la JSAF.