No tiene Impacto Fiscal (NIF)

La creación de la División de Representación Legal Gratuita para las Víctimas de Delitos tiene un costo fiscal sobre el Departamento de Justicia que no se puede precisar, pues dependerá del (i) número de abogados contratados por servicios profesionales; (ii) cantidad de víctimas que utilicen el servicio de orientación legal gratuita; y (iii) cuán extensos sean los procesos judiciales para los cuales necesiten orientación y acompañamiento, así como las horas que facture cada abogado por su servicio. El salario por hora de algunos abogados contratados por servicios profesionales en dicho departamento fluctúa entre $85.00- $125.00 por hora, sujeto a los años de experiencia del profesional contratado. De otra parte, la medida asigna $2,500,000 al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, adscrito al Departamento de Salud. La evaluación del impacto fiscal que tiene la medida no contempla una evaluación de las implicaciones prácticas o jurídicas sobre el proceso criminal o sobre las funciones e investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público y la Policía de Puerto Rico.

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De aprobarse el P. de la C. 1217, la OPAL estima un efecto fiscal potencial de aproximadamente $156,221 por cada millón de libras de alimentos mantenidas como inventario promedio anual por las OSFL elegibles, por concepto de ingresos dejados de percibir de la contribución sobre la propiedad mueble. Se presume que las OSFL no cuentan con alguna exención o exoneración que las releve del pago de impuestos por este tipo de inventario. Asimismo, el efecto fiscal efectivo dependerá del volumen de inventario sujeto a la exención, del municipio donde operen y de la tasa contributiva aplicable.

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La aprobación del P. del S. 1390 conlleva un efecto fiscal sobre el Poder Judicial que no se puede precisar con la información disponible. El potencial costo fiscal de la medida dependerá de la determinación que el Tribunal Supremo emita en su día en torno a la implementación de la sala especializada. Por un lado, si el Tribunal Supremo determina plausible expandir la competencia del actual programa de Drug Courts, se considera que no debe conllevar impacto fiscal perceptible. Sin embargo, si, en contrario, se determina la creación de un nuevo programa para canalizar estos asuntos, ello podría conllevar un impacto fiscal que no podemos predecir con confianza.

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El efecto fiscal de eximir a los asistentes T1 y T2 del pago de la certificación de la Ley 300 para el año fiscal 2028 se estimó en aproximadamente $361,675. Por su parte, se estima que el Estado ingrese aproximadamente $11,574 por concepto de IVU, lo que conllevaría a un efecto fiscal neto estimado de $350,101 a partir del año fiscal 2028.

El efecto fiscal de la aprobación del P. del S. 1371, según radicado, no conlleva impacto fiscal. Esta conclusión está basada en que la medida crea un programa voluntario para la esterilización de animales, pero no establece obligaciones específicas sobre la Oficina Estatal de Control Animal (OECA). En ese sentido, la medida confiere amplia discreción a la OECA para que defina métodos de reconocimiento a aquellos veterinarios que participen voluntariamente del programa.  Por otra parte, la OPAL llevó a cabo un estimado sobre el valor económico de realizar esterilizaciones animales de forma voluntaria.

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Enmendar la Ley de la Lotería de Puerto Rico para facultar al Secretario de Hacienda a establecer la frecuencia y los tipos de sorteos de lotería tradicional no tiene impacto fiscal puesto que el aumento en las jugadas autorizadas no necesariamente redunda en mayores recaudos, dado el posible efecto de sustitución entre los juegos de lotería existentes. El cambio en la compensación de los miembros de la Junta de Sorteo pudiera generar un impacto fiscal indeterminado sobre los ingresos propios de la Lotería de Puerto Rico. Sobre este último asunto, las medidas bajo análisis delegan al Secretario de Hacienda adoptar mediante Orden Administrativa la compensación correspondiente.

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