La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó el efecto fiscal del Proyecto de la Cámara 962 (P. de la C. 962), el cual propone implementar dos sistemas de alarma diferenciados en las sedes de las dependencias gubernamentales. El sistema dual, deberá ser capaz de distinguir auditiva y visualmente entre eventos sísmicos y de tirador activo (o violencia armada). Además, deberá contar con energía de respaldo e integrarse a los protocolos del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y de la Policía de Puerto Rico.

De aprobarse el P. de la C. 962, se requeriría la instalación de sistemas de alarma para detección de actividad sísmica y eventos de tiradores activos en agencias gubernamentales, junto con simulacros, orientaciones y certificaciones de cumplimiento. La medida implicaría gastos recurrentes asociados a adquisición de equipos, instalación, mantenimiento e integración tecnológica, aunque el impacto fiscal no puede precisarse en esta etapa debido a la complejidad y alcance de la infraestructura requerida. No obstante, utilizando como referencia los costos provistos por la Red Sísmica de Puerto Rico, la instalación de al menos un (1) detector sísmico en escuelas y propiedades de la AEP sugiere un costo inicial estimado de entre $170,850 y $341,700, sin incluir los dispositivos relacionados con tiradores activos.

En el caso de los sistemas de alerta de tirador activo, usando por referencia costos promedios en otra jurisdicción escolar, el costo fiscal para el DEPR podría representar $36.8 millones, mientras que, para la AEP, podría representar $26.6 millones.

Sin embargo, se aclara que el costo fiscal final dependerá de la cantidad y tipo de equipos adquiridos para cumplir con las disposiciones de la medida.