De aprobarse el P. del S. 1201, la medida sugiere un aumento en los costos del Plan de Salud del Gobierno y de los planes de salud privados al ampliar las cubiertas obligatorias para incluir terapias con células madre, terapias celulares y terapias génicas aprobadas por las autoridades regulatorias federales. No obstante, el efecto fiscal no puede precisarse al momento, toda vez que dependerá de un análisis actuarial sobre el costo y utilización de estas terapias, así como de la evaluación y eventual aprobación de los cambios al Plan Vital por parte de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

Eximir a los acreedores hipotecarios, que no sean catalogados como negocio financiero, de la presentación ante el Registro de la Propiedad de la certificación de radicación de la Declaración Afirmativa de Cuantías Transaccionales no tiene efecto fiscal.

Ordenar a la Oficina de la Contralora a crear un Registro Digital Centralizado de Contratos, una plataforma digital que le permita a las agencias registrar, someter y formalizar sus contratos, tiene un costo fiscal que no se puede precisar, pues dependerá de los costos de desarrollo, programación y diseño de la nueva plataforma digital propuesta.

De aprobarse el P. de la C. 1085, se estima un efecto fiscal de aproximadamente $105,744 por cada $1.0 millón en aportaciones en efectivo o diferidas en exceso al ordenamiento vigente. Para el año fiscal 2031, dicho efecto aumentaría a $115,557 por cada $1.0 millón aportado. Es importante mencionar que estas estimaciones no consideran posibles cambios en el comportamiento de los contribuyentes, como estrategias de planificación contributiva, por lo que el impacto fiscal efectivo podría diferir del estimado.

Enmendar la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 para prohibir que personas con licencia vigente de cannabis medicinal soliciten licencia de armas en Puerto Rico no tiene efecto fiscal. Sin embargo, se aclara que el P. de la C. 651 podría estar en tensión con la Opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en United States v. Hemani, 146 S. Ct. 1677 (2026), emitida el 18 de junio de 2026, en donde se determinó que el gobierno federal no podía despojar a un individuo de su derecho a portar armas consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución federal por el solo hecho de ser usuario ocasional de marihuana.