Propone prolongar los créditos y exenciones reconocidos en la Ley Núm. 168-1968 por un periodo de 10 años adicionales.

Para supeditar la aprobación y convalidación de toda orden de compra, subasta o adquisición de bienes o servicios no profesionales al cumplimiento de la política de preferencia a favor del Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo (PEAT) del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Propone derogar la Ley Núm. 98-2002 para consolidar sus disposiciones en la Ley Núm. 151-2004.

Para crear la “Ley para Establecer el Protocolo para la Atención y Prevención de Situaciones de Violencia Intra y Extrafamiliar en los Refugios”; determinar las guías que deberán regir el Protocolo; y fijar los parámetros para su cumplimiento.

Propone prohibir la venta de cigarrillos electrónicos en establecimiento o instalaciones localizados a menos de 500 metros de una escuela elemental, intermedia o superior.

Para disponer que a todo empleado del Departamento de Educación se le concederán tres (3) días de licencia, sin cargo a sus balances de licencias, en caso de muerte de algún familiar cercano.

Propone eximir del pago del Impuesto Sobre Ventas y Usos, los uniformes reglamentarios que se le requiere utilizar a los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Para enmendar Artículo 4.2 “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”, a los fines de; expandir el lenguaje en cuanto los días en que deben reunirse la Comisión Local; autorizar el pago de dietas de los Presidentes y los Comisionados de Comisión Local, hasta diez (10) reuniones días previos a la elección general; aclarar el lenguaje en cuanto la manera en que el Presidente cita a los Comisionados Locales; y para otros fines relacionados.

Propone enmendar la “Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra”, a los fines de cumplir con la política pública de centralizar los procesos de permisos en la Oficina de Gerencia de Permisos o la dependencia gubernamental que le sustituya y para otros fines para relacionados.

Propone establecer la política pública sobre el ejercicio de funciones de cabildeo ante el Gobierno, reglamentar esta profesión y establecer penalidades.