La OPAL concluye que el Art. 2 del P. de la C. 61 no conlleva impacto fiscal dado a que se trata de un requerimiento actual del Código Municipal. Sin embargo, en el caso que el Art. 3 del P. de la C. 61 refiera a trámites separados e independientes a la adopción o modificación de un plan de ordenación territorial, se presenta un escenario cuyo impacto fiscal no puede ser determinado.

El costo fiscal mínimo de crear e implementar un Sistema Digital de Control de Población para centralizar la información sobre la población correccional se estima, como mínimo, en $2.3 millones. Sin embargo, dada la naturaleza del producto, no es posible precisar el costo total asociado a la implementación ni al mantenimiento del sistema propuesto, debido a la falta de información detallada sobre su alcance y requisitos técnicos.