La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó el costo fiscal del Proyecto de la Cámara 61 (P. de la C. 61) que propone establecer la Ley para la certificación de planes de ordenación territorial, planes de uso de terrenos y documentos, cuya preparación requiera por ley la gestión de un planificador profesional licenciado.

El Art. 2 del P. de la C. 61 no conlleva impacto fiscal dado a que se trata de un requerimiento actual del Código Municipal. Sin embargo, en el caso que el Art. 3 del P. de la C. 61 refiera a trámites separados e independientes a la adopción o modificación de un plan de ordenación territorial, se presenta un escenario cuyo impacto fiscal no puede ser determinado debido a la interacción de diversos factores, como las fuerzas del mercado.

Las fuerzas del mercado se pudieran manifestar en los honorarios de los planificadores profesionales, lo cual pudiera responder a un aumento en la demanda o a restricciones en la oferta. Esta última, a su vez, podría estar asociada a barreras de entrada como el requisito de poseer una licencia vigente expedida por la Junta Examinadora de Planificadores Profesionales de Puerto Rico. Por tanto, cualquier estimación relacionada a estos costos está sujeta a un alto grado de incertidumbre.