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Informe 2027-147 | PS 1236 y PC 1269

Octubre 2026
Proyecto del Senado
Proyecto de la Cámara
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Resumen

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) estimó el efecto fiscal del Proyecto del Senado 1236 (P. del S. 1236) y del Proyecto de la Cámara 1269 (P. de la C. 1269), que proponen promover la conservación y restauración de las praderas de hierbas marinas de Puerto Rico al integrar su protección en los procesos de planificación costera, otorgamiento de permisos, manejo de áreas naturales y estrategias de adaptación al cambio climático. A estos fines, las medidas identifican al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) como entidad responsable de llevar a cabo los proyectos de identificación y restauración de las praderas de hierbas marinas, a través de la Oficina del Programa de Manejo de la Zona Costanera y Cambio Climático.

Evaluadas las medidas, la OPAL concluye que su aprobación sugiere un incremento en los gastos del DRNA. El efecto fiscal final dependerá de la disponibilidad y elegibilidad de fondos federales y de la capacidad del DRNA para cumplir con sus nuevas responsabilidades con recursos existentes. No obstante, estimamos que las nuevas responsabilidades requerirían que el DRNA, como mínimo, contrate personal técnico para llevar a cabo las tareas encomendadas en la legislación propuesta. Según el Plan de Clasificación y Retribución, el salario anual del Biólogo II comienza en $38,100 anuales, y el salario anual del Biólogo III comienza en $40,300. A tenor con programas similares del DRNA, la OPAL estima un costo de $114,300 por la contratación de tres Biólogos II. De otro lado, la OPAL estima en aproximadamente $366,407 los costos ascendentes a establecer y desarrollar la plataforma digital requerida para el implementar el Mapa Oficial, y los costos tecnológicos asociados a su creación.

Efecto Fiscal

El efecto fiscal asociado a la implantación de las disposiciones de la Ley para la Protección, Conservación y Restauración de las Praderas de Hierbas Marinas de Puerto Rico se estima en un costo fiscal mínimo de $480,707 durante su fase de implementación.

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