La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) estimó el efecto fiscal del Proyecto de la Cámara 768 (P. de la C. 768) que propone enmendar la Ley Núm. 33-1985, conocida como Ley para Establecer Requisitos Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales. La medida extiende la protección actualmente vigente – que aplica a abonados con tres o más mensualidades vencidas por servicios no facturados debido a error del proveedor – a todos los abonados con tres o más mensualidades vencidas, independientemente de si los servicios fueron facturados o no. Asimismo, la enmienda prohíbe la suspensión de servicios a aquellos clientes que no puedan sufragar el plan de pago en su totalidad dentro de 24 meses, disponiéndose que se le proveerá el tiempo necesario para sufragar el total de la deuda.

Tras su análisis, la OPAL concluye que la aprobación del P. de la C. 768 podría conllevar un impacto fiscal sobre las operaciones de las corporaciones públicas proveedoras de servicios esenciales, al modificar los términos de cobro y los mecanismos de recuperación de deudas vencidas. No obstante, dicho impacto no se puede precisar, ya que se desconoce el posible efecto de la medida sobre el flujo de caja de los proveedores de servicios esencialesy, por consiguiente, sobre su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.