La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó el costo fiscal del Proyecto del Senado 329 (P. del S. 329), que propone establecer el marco regulatorio para el uso y gestión de Interface de Programación de Aplicaciones (APIs) en el Gobierno de Puerto Rico, con el fin de asegurar la soberanía tecnológica, la interoperabilidad entre agencias, la protección de datos, reducir la dependencia de terceros, y crear un sistema único de identidad digital para optimizar los servicios gubernamentales.
El costo fiscal del P. del S. 329 no se puede precisar toda vez que los potenciales costos son función de renegociaciones contractuales y el desarrollo de una plataforma el cual al momento se desconoce si la agencia pertinente cuenta con los recursos necesarios a esos fines.
El costo fiscal de establecer el marco regulatorio para el uso y gestión de APIs no conlleva impacto fiscal por encontrarse dentro de las facultades inherentes del Gobierno de Puerto Rico y de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). Sin embargo, las disposiciones que se encuentran en el Artículo 5(d) y 9(b) de la medida pueden sugerir costos que no se pueden determinar. Por una parte, la creación de un mecanismo de identificación única pudiera conllevar gastos adicionales al PRITS de desarrollarse con recursos externos, mientras que no podemos determinar el impacto sobre el mandato de renegociación o cancelación de contratos debido a que depende de una evaluación caso a caso.
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