Para declarar el “Maratón del Arrecosta’o”, que se celebra anualmente en el municipio de Trujillo Alto, Puerto Rico, como un evento deportivo de interés público en Puerto Rico; asignar fondos para la celebración de dicho evento; y para otros fines relacionados.

Propone aumentar a $2,500 y de $1,200 la deducción máxima permitida a una cuenta de aportación educativa.

Propone renombrar la marca “Delpaís” a “Cosechas Puertorriqueñas” y flexibiliza criterios de elegibilidad para el uso de marca.

Propone que la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como destino desarrolle estrategias e iniciativas dirigidas a mercadear a Puerto Rico como destino accesible e inclusivo.

Propone reconocer como un derecho de todo cuidador informal a ser la primera alternativa para ser contratado como cuidador formal para el cuidado de algún adulto mayor.

Con el propósito de ampliar las facultades y deberes del Cuerpo de la Policía de los Gobiernos Municipales de Puerto Rico para facilitar sus labores para el cumplimiento con su deber de velar por el orden y la seguridad pública en general; extender a los policías municipales, los mismos beneficios y privilegios de los policías estatales; y hacer correcciones técnicas.

Propone enmendar la Ley Núm. 66-1989 y la Ley Núm. 283-2003 para establecer Centros de Cuidado Diurno en cada complejo de vivienda pública, disponibles para niños en edad preescolar cuyos tutores trabajen o estudien y sean residentes del complejo.

Propone que los directores escolares puedan obtener una posición de carrera como Director de Escuela en el Sistema de Educación Pública luego de ser evaluados.

Propone establecer “Puntos de Encuentro Familiar” en los Centros de Servicios Integrales de la Familia.

Para disponer que toda resolución conjunta o legislación que forme parte del Presupuesto General de Gastos deberá incluir una sección con una evaluación cuantitativa y cualitativa del impacto a mediano plazo de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento utilizadas para su elaboración. Esta evaluación deberá considerar sus efectos en las variables macroeconómicas, especialmente en las finanzas públicas, según los criterios que establezca la Oficina de Gerencia y Presupuesto mediante reglamento.