La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó el efecto fiscal del Proyecto del Senado 1471 (P. del S. 1471), el cual propone eximir a los asistentes de servicios T1 y T2 del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) del pago de todo derecho, arancel, cargo o costo asociado a la solicitud, expedición, renovación y actualización de la certificación requerida por la “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”.
De aprobarse el P. del S. 1471, la OPAL estima un efecto fiscal de aproximadamente $361,675 para el AF2028. Si se consideran ingresos adicionales por concepto de IVU y equivalentes a $11,574, el efecto fiscal neto se estima en $350,101.
Se anticipa que la exención propuesta redundará en egresos para la agencia pública que absorba el pago de los cargos correspondientes al Federal Bureau of Investigation (FBI) y al ente privado contratado que colabora en el procesamiento de solicitudes.
El efecto fiscal de eximir a los asistentes T1 y T2 del pago de la certificación de la Ley 300 para el año fiscal 2028 se estimó en aproximadamente $361,675. Por su parte, se estima que el Estado ingrese aproximadamente $11,574 por concepto de IVU, lo que conllevaría a un efecto fiscal neto estimado de $350,101 a partir del año fiscal 2028.