La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó el efecto fiscal de la Resolución Conjunta de la Cámara 311 (R. C. de la C. 311), que busca centralizar, bajo una aplicación digital del Gobierno de Puerto Rico, los registros de personas convictas por delitos sexuales y abuso contra menores, por violaciones a la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, así como cualquier otro registro compatible.

El efecto fiscal de aprobarse la resolución no se puede precisar, toda vez que dependerá del alcance técnico de la aplicación, su diseño, el mecanismo de implementación seleccionado y otros elementos determinados por las agencias concernidas.