La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) estimó el impacto fiscal del Proyecto del Senado 1096 (P. del S. 1096), que propone adoptar una nueva “Ley del Poder Judicial”, que sustituye la Ley de la Judicatura de 2003, con el fin de modernizar la estructura, administración y funcionamiento de los tribunales. Entre sus disposiciones más relevantes, se reorganiza el sistema judicial y se redefine la distribución de facultades administrativas entre el Tribunal Supremo y el Juez Presidente.

Uno de los cambios principales es la transformación de la categoría de jueces municipales, al disponer su conversión progresiva a jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia.

De aprobarse el P. del S. 1096, se estima un efecto fiscal potencial de $889,670 dólares si se considera la conversión de la totalidad de jueces municipales a jueces superiores. No obstante, dada la progresividad de los cambios, sujeto al vencimiento de los nombramientos, el costo fiscal neto anual fluctúa entre $0 y $83,734 durante el periodo comprendido entre los años fiscales 2027 al 2031.

Cabe destacar que este Informe es una revisión del Informe 2026-469, sobre el Proyecto bajo análisis. En esta ocasión, se incorporó el texto de aprobación del Senado de Puerto Rico, que eliminó el Patronato del Poder Judicial y el crédito contributivo por donaciones a este Patronato, e introdujo otras enmiendas, como la creación de una Sala Especializada en Asuntos de Condominios. La eliminación del crédito contributivo por donaciones al Patronato del Poder Judicial disminuye por $500,000 el costo fiscal inicialmente estimado por la OPAL. De otra parte, la propuesta de crear una Sala Especializada en Asuntos de Condominios no tiene efecto fiscal, por encontrarse actualmente legislado en la Ley 157-2026.