La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó el Proyecto de la Cámara 1090 (P. de la C. 1090), el cual propone adoptar la “Ley para Facultar la Suspensión Cautelar de Contratos Gubernamentales por Acusaciones de Delitos contra la Función Gubernamental y Fraude”. Asimismo, dispone que todo contrato deberá incluir una cláusula obligatoria con el propósito de facultar a una entidad gubernamental a suspender proactivamente un contrato cuando surja una acusación por delito contra la función pública o fraude contra el contratista de servicios.

De aprobarse el P. de la C. 1090, la OPAL concluye que no tendría un impacto fiscal sobre el Fondo General, toda vez que se limita a la incorporación de lenguaje para promover la suspensión de contratistas que hayan sido acusados de delitos que versen sobre corrupción gubernamental. En ese sentido, una modificación al marco regulatorio aplicable a las personas que suscriben contratos de servicios profesionales con el Gobierno de Puerto Rico no conlleva erogación de fondos.