La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) estimó el impacto fiscal del Proyecto del Senado 1096 (P. del S. 1096), que propone adoptar una nueva “Ley del Poder Judicial”, que sustituye la Ley de la Judicatura de 2003, con el fin de modernizar la estructura, administración y funcionamiento de los tribunales. Entre sus disposiciones más relevantes, se reorganiza el sistema judicial y se redefine la distribución de facultades administrativas entre el Tribunal Supremo y el Juez Presidente.

Uno de los cambios principales es la eliminación de la categoría de jueces municipales, al disponer su conversión progresiva a jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia.

Asimismo, la medida introduce la creación del Patronato del Poder Judicial, un ente con capacidad para recibir y administrar donativos públicos y privados mediante un fideicomiso, dirigido a financiar la conservación, modernización y desarrollo de la infraestructura judicial. Este mecanismo se complementa con la creación de un crédito contributivo de hasta $500,000 por año contributivo.

De aprobarse el P. del S. 1096, se estima un efecto fiscal potencial de $1.4 millones si se considera la conversión de la totalidad de jueces municipales a jueces superiores. No obstante, dada la progresividad de los cambios sujeto al vencimiento de los nombramientos, el costo fiscal neto anual fluctúa entre $500,000 y $583,734 durante el periodo comprendido entre los años fiscales 2026 al 2031.