La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó el Proyecto de la Cámara 1041 (P. de la C. 1041), el cual propone establecer la “Ley Andrea Ruiz – Protocolo de Auxilio Discreto en Espacios de Esparcimiento”; con el propósito de adoptar como política pública la prevención y atención temprana de situaciones de acoso o peligro en establecimientos abiertos al público. A tales efectos, la medida dispone la implementación de un mecanismo de auxilio discreto mediante una palabra o señal clave, impone deberes de capacitación a los establecimientos, así como el deber de colocar rótulos visibles que informen sobre la existencia del protocolo y la palabra clave.

La medida delega en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de los establecimientos y de aprobar reglamentación a esos efectos. Además, impone responsabilidades a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para velar por la implementación del protocolo con un enfoque sobre derechos humanos; suscribir acuerdos colaborativos; y mantener un directorio de líneas de ayuda, albergues, entre otros recursos de ayuda.

De otra parte, la medida delega en la Policía de Puerto Rico la responsabilidad de atender las situaciones notificadas.

Tras su análisis, la OPAL concluye que el P. de la C. 1041 no conlleva un impacto fiscal significativo sobre el Fondo General, toda vez que establecer un protocolo de auxilio discreto no crea nuevas estructuras gubernamentales ni requiere asignaciones adicionales de fondos públicos. Las tareas delegadas a las agencias en virtud de la medida forman parte de sus funciones. En consecuencia, su implementación puede potencialmente realizarse con los recursos existentes. No obstante, la medida podría generar costos operacionales marginales asociados a su implementación en aquellos establecimientos sujetos a su cumplimiento.