La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó el Proyecto de la Cámara 1067 (P. de la C. 1067), que busca establecer la Ley de Protección Parental contra el Tráfico de Abortos de Menores. La medida propone que constituya un delito que un adulto que no sea el padre, madre o tutor legal reclute, albergue o transporte a una menor embarazada, dentro o fuera de Puerto Rico, con el fin de procurar un aborto o adquirir medicamentos destinados a inducirlo, cuando la acción tenga la intención de ocultarlo a los padres o tutores o de evadir los requisitos de consentimiento parental vigentes.

El proyecto establece que esta conducta se considerará un delito grave, sancionado con una pena fija de tres (3) años de reclusión. Además, contempla defensas afirmativas en los casos en que el aborto sea necesario para salvar la vida de la menor ante una emergencia médica certificada por un médico autorizado, o cuando el adulto actúe conforme a una orden judicial válida que autorice el procedimiento sin notificación o consentimiento parental.

Tras su análisis, la OPAL concluye que el P. de la C. 1067 no generaría impacto fiscal, ya que se limita a regular conductas, al establecer un nuevo delito con sus correspondientes sanciones, sin implicar la creación de agencias, programas ni asignación de fondos adicionales por parte del Gobierno.