La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó el costo fiscal del Proyecto del Senado 336 (P. del S. 336), que propone crear la “Ley de la Corporación de Comedores Escolares y la Ampliación de sus Servicios a Adultos Mayores” para establecer una operación integral efectiva respecto a procesos, productos y servicios e implantar un programa agresivo que planifique, organice, dirija y fiscalice las operaciones de las autoridades escolares de alimentos y los programas de nutrición, desde la infancia hasta la vejez.
De aprobarse la medida, la creación de la Corporación propuesta que sea sucesora de la Agencia Estatal de Servicios de Alimentos y Nutrición (AESAN) y la Autoridad Escolar de Alimentos no conllevaría un costo fiscal significativo mientras mantenga la misma prestación de servicios a la ciudadanía.
Ahora bien, la OPAL proyecta un posible incremento en gastos para el Fondo General estimado entre $246.3 y $264.5 millones anuales si se expande la oferta de servicios para cobijar a la población de 60 años o más bajo el nivel de pobreza federal. De ampliarse el servicio al total de personas mayores de 60 años, el costo fiscal proyectado fluctuaría entre $628.3 millones en el año fiscal 2027 y $674.9 millones en el 2029. Este estimado no incluye los costos asociados a la entrega de alimentos a domicilio, la creación de centros comunitarios ni los recursos humanos y operacionales necesarios para la expansión de servicios, por lo que el impacto fiscal real podría ser significativamente mayor.
El establecimiento de la “Corporación de Comedores Escolares y la Ampliación de sus Servicios a Adultos Mayores”, como entidad sucesora de la Agencia Estatal de Servicios de Alimentos y Nutrición (AESAN) y la Autoridad Escolar de Alimentos no conllevaría un costo fiscal significativo mientras mantenga la misma prestación de servicios a la población recipiente. Sin embargo, la OPAL estima que la expansión de servicios a personas de edad avanzada podría acarrear costos fiscales en el rango de $246.3-$674.9 millones de dólares durante los próximos años fiscales. Este impacto fiscal deberá ser absorbido con recursos de la nueva corporación pública o a través de nuevas subvenciones federales.