La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó el efecto fiscal del Proyecto del Senado 417 (P. del S. 417), que propone conceder al Departamento de la Familia la autoridad para licenciar, supervisar y fiscalizar todos los establecimientos públicos y privados en Puerto Rico que se dediquen al cuidado de adultos con impedimentos. La implementación del nuevo sistema de licenciamiento requerirá inspecciones trimestrales, reglamentación detallada por parte del Departamento, y la verificación anual de cumplimiento con requisitos operacionales y capacitación del personal. De otra parte, la medida impone una responsabilidad a la Defensoría de Personas con Impedimento (DPI) de establecer una campaña de orientación sobre los requisitos que impone el proyecto de ley.

Según se desprende del Memorial Explicativo de la DPI, el efecto fiscal de llevar a cabo una campaña de divulgación de un año es de aproximadamente $70,000 de fondos no recurrentes, y de aproximadamente $50,000 de fondos recurrentes para el adiestramiento del personal, conforme a lo dispuesto en el Artículo 6 del Proyecto de Ley.

Por su parte, se anticipa un incremento presupuestario por concepto de nómina, transportación y mantenimiento para la Oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia, como resultado de las nuevas facultades que le confiere la medida. No obstante, el mismo no se puede estimar con precisión debido a la falta de información sobre el capital humano actualmente disponible en la Oficina y, en consecuencia, sobre la cantidad de personal adicional que sería necesario para cumplir con lo dispuesto en el P. del S. 417.