La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó el efecto fiscal del Proyecto de la Cámara 94 (P. de la C. 94), que propone enmendar la Ley Núm. 17-2019, según enmendada, conocida como la “Ley de Política Pública Energética”, con el propósito de introducir los principios de despacho económico y métricas de cumplimiento; y para incorporar el principio de justicia ambiental. La medida también incorpora enmiendas a la Ley Núm. 120-2018, según enmendada, conocida como la “Ley de Política Pública Energética”, con el fin de prohibir que el Negociado de Energía participe en procesos de adjudicación o supervisión de contratos de alianza, para evitar conflictos de interés.

La OPAL concluye que la medida no genera un impacto fiscal directo sobre el Fondo General, ya que las enmiendas propuestas no implican costos adicionales para el Estado ni erogación de fondos, sino que se trata de una modificación al marco regulatorio que permite la privatización del sistema eléctrico en Puerto Rico.