La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó el costo fiscal del Proyecto de la Cámara 371 (P. de la C. 371), según el texto de aprobación en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que propone extender la jurisdicción de la Policía Municipal al interior de las facilidades de transportación colectiva y vial dentro de sus límites territoriales.

De aprobarse el P. de la C. 371, la extensión de jurisdicción a las policías municipales sobre las instalaciones de transportación colectiva y vial no conllevaría un efecto fiscal directo sobre Autoridad de Transporte Integrado (ATI)  ni sobre los municipios. No obstante, el efecto fiscal final dependerá de los acuerdos colaborativos que se formalicen con la ATI y los Municipios para asumir funciones actualmente provistas por entidades privadas. En un escenario de transferencia directa de funciones y recursos (relación 1:1), el efecto sería fiscalmente neutral; y en caso de generar ahorros para la ATI, estos podrían traducirse en ingresos adicionales para los municipios. Sin embargo, no es posible precisar esta vertiente de impacto fiscal de la medida, al momento, toda vez que su implementación constituye un incierto y depende de la voluntariedad de las partes involucradas..