La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó el Proyecto de la Cámara 462 (P. de la C. 462) que enmienda los Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, conocida como la “Ley de la Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico”, con el propósito de ampliar el acceso a fondos, otorgarle mayor autonomía administrativa y agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura crítica de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (“AFI”).

Además, el P. de la C. 462 excluye a la AFI de la aplicación de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de los Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”.

La OPAL concluye que, de aprobarse el P. de la C. 462, la AFI ampliaría su facultad para recibir y gestionar fondos federales, lo que podría implicar un aumento en gastos si fuese necesario reforzar su plantilla u organizar nuevos puestos; sin embargo, dicho impacto depende de un análisis gerencial que determine su capacidad operativa y que, de resultar insuficiente, deba ser aprobado por la OGP y la JSAF. En caso de que no se requieran cambios estructurales, no habría efecto fiscal.

Es importante mencionar que, La Ley Núm. 73-2019 actualmente exime a la AFI de las normas de compra de la ASG, lo que le permite mantener sus procedimientos de adquisición sin generar impacto fiscal. No obstante, tanto esa ley como el Reglamento 9230 obligan a las entidades exentas a adoptar un reglamento interno alineado con los lineamientos de la ASG, sujeto a su revisión y aprobación. De modificar la AFI ese reglamento para apartarse de dichos preceptos podría sugerir un efecto fiscal el cual no se puede determinar, al momento. De igual forma, cualquier nuevo reglamento de compras deberá ser sometido y aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera.