La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL), evaluó el efecto fiscal del Proyecto del Senado 285 (P. del S. 285) que propone reducir las penalidades por dejar de rendir ciertas Declaraciones Informativas, Planillas y Estados de Reconciliación, Informes de Transacciones, Declaraciones de Corredores o Negociantes de Valores.
De aprobarse el P. del S. 285, no se anticipa un efecto fiscal por aumento de gasto, ya que la medida se limita a regular conductas y establecer penalidades por incumplimiento. Aunque la reducción o eliminación de un incentivo de cumplimiento podría reducir ingresos al Fondo General, la falta de datos detallados impide precisar su magnitud; además, dada la presunción de buena fe y el historial de cumplimiento, no se espera un efecto significativo. Como referencia, tras la Ley Núm. 257-2018, las informativas presentadas por personas y corporaciones incrementaron un 56 % entre 2018 y 2019, debido a que dicha ley reforzó su fiscalización.
Se anticipa que el P. del S. 285, no tendría un impacto fiscal directo sobre el Fondo General por concepto de un incremento en el gasto, pues la medida se enfoca en flexibilizar regulaciones sobre la conducta de los individuos. Ahora bien, la medida reduce un incentivo de cumplimiento que podría tender a reducir ingresos del Fondo General y no se dispone de la granularidad de información para precisar este efecto fiscal por el lado de los ingresos.
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